El martes 16 de junio el Consejo de Ministros aprobó 719 millones de euros para la gigafactoría de IA que España quiere colocar en Móra la Nova (Tarragona). En el comunicado oficial hablan de soberanía tecnológica, reindustrialización y liderazgo europeo. Yo leo otra cosa: una sociedad mercantil donde el bloque privado controla el 51% del capital y el Estado, pese a meter casi la mitad del dinero, queda en minoría.
Según El País, Banco Santander, ACS y Telefónica ostentan cada uno un 15,67% y, con la entrada de Multiverse Computing (4%), el consorcio privado suma mayoría. El Gobierno entra con 47,99% a través de la SETT y la Generalitat con un 1% simbólico. La sede jurídica queda en Móra la Nova; la subsede técnica, en San Fernando de Henares. Todo listo para presentar la candidatura española a la convocatoria europea InvestAI.
La noticia suena a victoria nacional. Pero si llevas webs, hosting o proyectos de IA para clientes, te cuento lo que no aparece en el titular.
Soberanía con letra pequeña
La Comisión Europea quiere seleccionar varias gigafactorías con un fondo que, en teoría, moviliza hasta 20.000 millones de euros. En la práctica, como resume la propia página oficial del proyecto, la convocatoria formal se espera para verano de 2026 y ya hay 77 propuestas de 16 países. España compite, pero no es la única candidata ni la más avanzada.
Además, la soberanía digital que venden los políticos choca con la realidad del hardware. Estas instalaciones entrenan modelos con decenas de miles de GPUs. Hoy eso significa, en la práctica, chips de Nvidia. Puedes poner el edificio en Tarragona, pero la cadena de suministro sigue saliendo de California. El Plan de Recuperación lo presenta como un paso hacia infraestructuras europeas de primer nivel; yo veo un megacentro de datos con etiqueta patriótica.
El comunicado del Gobierno recuerda que España ya tiene dos AI Factories en el Barcelona Supercomputing Center y en el CESGA de Galicia. Bien. Pero esas fábricas atienden investigación y cargas acotadas. Una gigafactoría es otra escala: 100.000 procesadores simultáneos, según las estimaciones que recoge Diari de Tarragona. ¿Quién va a consumir ese cómputo y a qué precio?
719 millones que no llegan a tu WordPress
En mi día a día gestiono sitios WordPress, tiendas WooCommerce y automatizaciones con IA para pymes. Cuando leo «719 millones para IA en España», mis clientes preguntan si van a tener modelos más baratos o APIs locales. La respuesta honesta es que no, al menos no en 2026 ni probablemente en 2027.
La inversión va a infraestructura de entrenamiento masivo. Eso beneficia a quien entrena foundation models o a consorcios que negocian acceso a capacidad. Tu plugin de chatbot, tu asistente de soporte o tu generador de contenido seguirán pagando tokens a OpenAI, Anthropic o quien sea. La gigafactoría no sustituye esas APIs; compite por un trozo del mercado de entrenamiento que hoy domina Estados Unidos.
RTVE cifra la movilización total del proyecto en cerca de 4.000 millones de euros público-privados. Es mucho dinero. Pero distribuido entre socios corporativos, costes de construcción, energía y hardware, el retorno para el ecosistema abierto es difuso. No verás un «Cloudflare Workers español» saliendo de esto; verás contratos, licitaciones y acuerdos B2B que a ti no te llegan por correo.
El calendario que nadie te enseña
Según fuentes del proceso citadas por Diari de Tarragona, la convocatoria europea podría publicarse a mediados de julio y la resolución llegaría en el último trimestre de 2026. Si Móra la Nova sale elegida, la puesta en marcha real apunta a finales de 2028. Dos años y medio desde la foto del Consejo de Ministros hasta que el centro funcione. En IA, dos años y medio es una eternidad.
Mientras, el Reglamento de IA de la UE entra en plena aplicación el 2 de agosto de 2026. Las pymes tendrán que documentar sistemas, evaluar riesgos y demostrar conformidad. La gigafactoría no te ayuda con eso. Te da un titular para LinkedIn y un argumento electoral en Cataluña.
Lo que me preocupa es el modelo de gobierno corporativo. Con 51% privado, las decisiones sobre precios de cómputo, prioridades de uso o apertura a startups dependerán de Santander, ACS y Telefónica. El Estado tiene casi la mitad del capital pero no el control. Si el negocio no cuadra — y varios analistas europeos ya cuestionan el caso de negocio de las gigafactorías — ¿quién asume el lastre? Spoiler: el que no puede irse a Delaware.
No digo que el proyecto sea un error absoluto. Digo que el relato público («España líder en IA») está muy por delante del beneficio tangible para quien monta webs y digitaliza negocios pequeños. Y que meter 719 millones con voz de minoría es una apuesta arriesgada con dinero que podría financiar, por ejemplo, créditos de cómputo para empresas que ya usan IA en producción.
Si tu proveedor de hosting te ofreciera acceso prioritario a GPUs españolas a cambio de que Telefónica pueda usar tus logs de servidor para entrenar modelos, ¿firmarías el contrato sin leer la cláusula 47?