Santiago Muñoz Machado ha vuelto a meter la inteligencia artificial en el centro del debate lingüístico. En mayo, durante la reunión preparatoria de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, el director de la RAE dijo que la IA es «el gran reto de nuestro tiempo» y avisó de que «dentro de poco» la mayoría de comunicaciones se harán con herramientas automáticas. En octubre, La Plata acogerá la convención con ese eje. Suena sensato, casi reconfortante: la tecnología al servicio de que entendamos lo que el Estado nos escribe.
Yo no me lo creo del todo. No porque niegue el problema —que existe y es grave—, sino porque la narrativa de «la IA como aliada del lenguaje claro» mezcla dos cosas que no son lo mismo: simplificar un texto y garantizar que ese texto siga siendo jurídicamente válido, accesible y honesto. Y en ese cruce es donde se pierden ayudas, plazos y derechos.
El dato de partida no es nuevo pero sigue siendo escandaloso. Según análisis recogidos en medios como The Conversation vía Yahoo Noticias, buena parte de los fondos de ayudas sociales en España no se gastan porque la gente no entiende las convocatorias o no llega a completar trámites. Prodigioso Volcán lleva años midiendo la opacidad de textos administrativos: el 85 % de los documentos de trámites habituales son difíciles de entender. Ahí hay millones de euros y millones de ciudadanos atrapados en párrafos que nadie revisaría si no fuera obligatorio.
La respuesta institucional va por buen camino en el papel. Europa Press recoge cómo la RAE prepara glosarios especializados —incluido uno de términos de IA— y cómo la convención de La Plata abordará lenguaje jurídico, accesibilidad cognitiva y tecnología del lenguaje. El País añade el matiz importante: no basta con controlar a quienes controlan la IA; hay que vigilar el uso que hacen las propias administraciones, porque el derecho a comprender no desaparece porque el borrador lo haya escrito un modelo.
En Inteligencia Argentina lo resumen bien: la pregunta de fondo es quién controla la calidad, la claridad y la precisión de los textos que ya generan ChatGPT, Gemini o Copilot en miles de oficinas. Eso es lo que me interesa si tienes una web, una tienda o un despacho: no el manifiesto académico, sino el flujo real de producción de contenido.
Porque mientras la RAE habla de aliados, el mercado va en otra dirección. Recode describe cómo Grammarly ha dejado de ser un corrector discreto para convertirse en Grammarly GO: redacción generativa, reescritura de tono, expansión de bullets a párrafos enteros. No corrige tu texto; te lo sustituye. Eso no es lenguaje claro: es lenguaje automático con pinta de limpio. Suena bien en una demo. En un contrato de hosting, en condiciones de uso de una pasarela de pago o en una resolución administrativa, un párrafo «más claro» que elimina una excepción legal sigue siendo un desastre.
Y aquí llega la paradoja que casi nadie enlaza. En inglés, justo esta semana, Walter AI ha lanzado una API para detectar contenido generado por IA y «humanizarlo». Léelo otra vez: primero la máquina escribe, luego otra máquina disfraza el resultado para que parezca humano. Eso no es un pipeline de lenguaje claro; es un pipeline de apariencias. Si tu proveedor simplifica condiciones generales con un prompt genérico y luego pasa el texto por un humanizador para que no parezca robot, el ciudadano sigue sin entender nada —solo lee algo más amable antes de perder un plazo.
Conozco herramientas serias en este terreno: Clara para medir claridad, arText claro para redacción asistida con reglas lingüísticas, proyectos del LEIA en la RAE con observatorios de neologismos. Son enfoques distintos a pedirle a ChatGPT «explícamelo como si tuviera diez años». La diferencia es que unas exigen revisión humana especializada y las otras prometen magia instantanea. Adivina cuáles están comprando las administraciones con prisa por cumplir titular.
Muñoz Machado tiene razón en una cosa: dentro de poco casi todo se redactará con IA. Donde me pierde es en confiar en que la convención de La Plata —por necesaria que sea— traduzca esa preocupación en procedimientos obligatorios. ¿Quién firma cuando el modelo sustituye un término jurídico por uno «más sencillo» que no es equivalente? ¿Qué pasa cuando la versión en lenguaje claro contradice la versión legal? ¿Hay trazabilidad del prompt, del modelo y del revisor, o solo un PDF bonito?
En mi experiencia con clientes del sector web, la tentación es siempre la misma: usar la IA para reescribir FAQs, emails legales o textos de checkout «porque Google penaliza el rollo burocrático». El resultado suele ser más legible y menos vinculante. Eso no ayuda al usuario; le quita munición si hay una reclamación. El lenguaje claro no es marketing con frases cortas: es una responsabilidad. Y la IA, sin supervisión, es excelente para cumplir la forma y cargarse el fondo.
Lo que espero de octubre en La Plata no es otro manifiesto panhispánico —ya hay demasiados— sino criterios auditables: qué herramientas sirven para medir, cuáles solo para generar, qué revisión humana es obligatoria y qué pasa cuando fallan. Mientras tanto, si gestionas contenidos legales, condiciones de servicio o comunicación pública, no confundas «texto simplificado por IA» con «texto claro validado». Son mundos distintos. El primero cuesta poco y escala; el segundo cuesta tiempo y evita demandas.
Si mañana tu administración te ofreciera una versión «en lenguaje claro» generada automáticamente de un trámite crítico, pero te dijera que la única versión legalmente vinculante sigue siendo el PDF opaco original, ¿te conformarías con la traducción amable o exigirías que ambas tuvieran la misma validez?
Fuentes
- Europa Press: La RAE lleva a Argentina la III Convención con la IA como tema principal
- El País: La RAE encara la inteligencia artificial, «el gran reto» al que se enfrenta el español
- Inteligencia Argentina: La Plata, cumbre sobre lenguaje claro e IA
- Recode: Grammarly’s AI Writing Push Is Bleeding Into Notion’s Creator Base
- EIN Presswire: Walter AI launches API for AI detection and humanization