El 27 de junio de 2026 apareció en el BOE un convenio entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la UNED que suena casi demasiado bien: un sistema híbrido de PLN e IA generativa para evaluar textos jurídico-administrativos con 21 criterios de lenguaje claro, integrarlo en Carpeta Justicia y, además, abrir una API pública para que empresas, despachos y plataformas legaltech lo usen. Yo lo leí dos veces porque en este sector llevamos años escuchando promesas de «simplificar el legal» y casi siempre acaba en un plugin que mete sinónimos y te deja el sentido jurídico hecho un flan.
Según CambiosLegales, el convenio arrancó el 16 de junio y el proyecto se desarrolla en tres fases: análisis lingüístico, diseño de prompts e integración en servicios digitales. Lo interesante no es la foto de firma, sino lo que no te cuentan en el comunicado: no hay calendario público de entrega, no se detallan los 21 criterios uno a uno y, sobre todo, nadie explica qué pasa cuando la IA simplifica mal un plazo, una responsabilidad o una excepción legal.
Lo que ya existe (y lo que falta)
Justicia no empieza de cero. En su página de servicios con IA ya hablan de resúmenes automatizados de documentos judiciales en lenguaje sencillo, anonimización y el buscador Delfos. En documentación técnica del propio ministerio aparecen servicios de «lectura clara» y «lenguaje claro» basados en LLM con reglas definidas. Es decir: la administración ya sabe que el ciudadano no entiende un auto si lo lee tal cual. El salto del convenio con la UNED es pasar de pilotos sueltos a un marco con criterios medibles y una API reutilizable.
Ahí está el gancho para quien monta webs, tiendas o SaaS: si sale una API pública de lenguaje claro avalada por Justicia y la UNED, muchos clientes van a pedirte «conéctalo y listo». En mi experiencia, eso es cuando empiezan los problemas. Porque simplificar no es lo mismo que traducir, y un texto legal mal simplificado no es un texto feo: es un riesgo.
21 criterios suenan a ciencia; en la práctica es política editorial
El convenio habla de tres niveles —discursivo, morfosintáctico y léxico— y de informes de claridad. Muy bien. Pero los criterios concretos no están publicados en detalle. Sin esa lista, no puedes auditar el sistema, no puedes compararlo con herramientas privadas y no puedes saber si cumple estándares como UNE 153101, ISO 24495-1 o WCAG 3.1.5. Herramientas como We All TXT ya venden auditoría con fórmula Inflesz, morfología y simplificación por IA. El ministerio promete algo parecido, pero con sello público. La diferencia debería ser la trazabilidad y la validación humana, no solo el logo.
Y aquí me pongo quisquilloso: en la Generalitat Valenciana ya vimos el mismo discurso —IA propone, humano revisa— y en ticweb ya hemos escrito que eso solo funciona si hay personal, tiempo y criterio. Si el gestor tiene 40 trámites pendientes, la propuesta de la IA se acepta con dos clics y el «control de calidad» se convierte en teatro. Justicia dice que habrá revisión humana en los servicios judiciales; la API para terceros, en cambio, es otro escenario. ¿Quién valida cuando un despacho simplifica un contrato de hosting con esa API? ¿El abogado? ¿El community manager? ¿Nadie?
El calendario legal te alcanza antes que la API
Mientras Justicia y la UNED diseñan prompts, el marco regulatorio no espera. En julio de 2026 el Reglamento de IA de la UE ya exige transparencia en chatbots —incluido avisar que hablas con una IA— y el 2 de agosto entra en juego el grueso de obligaciones para sistemas de alto riesgo, como recoge LexLatin. Paralelamente, la accesibilidad digital dejó de ser futuro lejano: el Acta Europea de Accesibilidad lleva meses aplicándose y los primeros casos judiciales ya están en marcha en varios países.
Para una web de pyme, la pregunta no es «¿tendré la API del ministerio?» sino «¿mis condiciones de servicio, mis formularios y mis respuestas de chatbot son comprensibles hoy?». Siteimprove lo resume bien: claridad, lenguaje llano y WCAG dejan de ser checklist decorativa cuando hay plazos legales y demandas reales. Montar un bot que simplifica textos sin supervisión editorial no te acerca al cumplimiento; te acerca a una responsabilidad difusa repartida entre proveedor, cliente y quien pulsó «publicar».
Qué haría yo (y qué no haría todavía)
Si gestionas contenidos legales en una web —condiciones, avisos, política de cookies ampliada, FAQs de soporte— no necesitas esperar a la API pública para mejorar. Empieza por lo aburrido: frases cortas, voz activa, un glosario de términos técnicos y una persona que lea en voz alta el texto antes de publicarlo. Si usas IA para reescribir, trátala como un becario rápido pero poco fiable: propone, tú verificas, y guardas la versión original.
No integraría todavía una API gubernamental de lenguaje claro en producción sin ver los 21 criterios publicados, sin pruebas con usuarios reales —personas con baja alfabetización digital, no solo compañeros del equipo— y sin un flujo de revisión firmado. Clara, un proyecto open source de lenguaje llano que sigo en GitHub, lo dice sin rodeos: falta validación con lectores objetivo. Si les falta a ellos con código abierto y revisión comunitaria, imagina a una administración con plazos políticos.
Tampoco confundiría «lenguaje claro» con «legalmente correcto». Puedes decir «tienes 15 días para reclamar» de forma perfectamente legible y omitir que el plazo se interrumpe en verano o que hay un trámite previo obligatorio. La IA optimiza legibilidad; no optimiza tu defensa en un procedimiento.
El convenio Justicia-UNED es una buena señal de que el lenguaje administrativo ya no se considera un capricho de comunicación. Pero una API pública no es un certificado de calidad automatico: es una herramienta que multiplica lo que ya haces, incluidos los errores. Si tu proveedor de hosting te ofreciera mañana un bot que reescribe tus condiciones con «IA del ministerio», ¿lo activarías en producción sin leer la letra pequeña del convenio, o preferirías pagar a alguien que entienda tu negocio aunque tarde una tarde más?