El miércoles pasado Carlos Cuerpo subió al escenario del encuentro de Ametic en Santander y anunció lo que ya huele a titular de telediario: un gran pacto nacional sobre inteligencia artificial. Gobierno, patronal y sindicatos sentados en la misma mesa para repartir los beneficios de la IA, modular el impacto laboral, hablar de fiscalidad, soberanía tecnológica y derechos digitales. Suena sensato. Suena hasta necesario. Y precisamente por eso me pongo nervioso: llevamos años viendo cómo estos acuerdos marco se anuncian con pompa y llegan a tu empresa como un PDF de veinte páginas que nadie sabe implementar.
Te cuento lo que sí ha quedado claro. Pedro Sánchez convocará en las próximas semanas a CEOE y a los sindicatos para un acuerdo tripartito. Después, según Cuerpo, se ampliará la mesa a expertos, sanidad, educación, industria y sociedad civil. El objetivo declarado es un «nuevo contrato social» en torno a la IA: que la transición no se coma empleos sin compensación, que los rendimientos no se queden en cuatro bolsillos y que la ciudadanía no sienta que la tecnología avanza mientras el Estado mira hacia otro lado. En El País lo resumen así, y en Computerworld insisten en que el propio Sánchez liderará el proceso. Bien. ¿Y el calendario? ¿Y las medidas concretas? Ahí empieza el silencio.
Porque esto no es la primera vez. Cuando el Gobierno ha querido «situar el debate» en un tema caliente —impuestos a las grandes tecnológicas, transición energética, teletrabajo post-COVID— el patrón se repite: anuncio ambicioso, foto tripartita, meses de mesas de trabajo y, al final, una recomendación vaga o una ley que llega cuando el mercado ya ha decidido por su cuenta. La IA no espera. OpenAI acaba de lanzar GPT-6 Astra con capacidades que cruzan umbrales de ciberseguridad críticos; las pymes españolas siguen preguntándose si les compensa pagar veinte euros al mes por un chatbot. Un pacto nacional que no diga en su primer borrador qué obligaciones tiene una empresa de quince empleados cuando despliega IA en atención al cliente o en selección de personal es, para mí, un ejercicio de relaciones públicas antes que de política útil.
Lo que más me interesa del anuncio —y lo que casi nadie comenta fuera de la prensa política— es la fricción territorial. The Objective lo explica bien: si el pacto fija criterios de gobernanza ética o condiciones para usar algoritmos en sanidad y educación, choca de frente con las competencias autonómicas. Madrid ya tiene su propia hoja de ruta digital; otras comunidades también. ¿Quién manda cuando un hospital catalán quiere usar IA para triaje y el marco nacional dice una cosa distinta a la normativa autonómica? No es un detalle jurídico aburrido: es la diferencia entre que tu proveedor de software te pueda vender una solución homogénea en España entera o entre que acabes con siete interpretaciones distintas del mismo artículo. Si tienes una web con clientes en varias CCAA, ya sabes lo que cuesta adaptar textos legales; imagina lo mismo con modelos de IA en procesos sensibles.
En La Ecuación Digital recogen la lista de ámbitos que Cuerpo mencionó: regulación, investigación, inversiones, fiscalidad, relaciones laborales, protección de menores, soberanía sobre infraestructuras, adaptación de empresas. Es un menú completo. Demasiado completo para un primer anuncio sin una sola cifra. ¿Habrá incentivos fiscales para pymes que formen a sus equipos? ¿Obligaciones de transparencia algorítmica para quien venda SaaS con IA integrada? ¿Un fondo para reconversión laboral en hostelería, logística y administración, sectores donde la automatización ya está mordiendo? Nada de eso. Solo la promesa de sentarse a hablar. En inglés, en foros tech y en medios especializados, la conversación va por otro carril: capacidades de los modelos, riesgos de ciberseguridad, quién audita qué. Aquí seguimos en el discurso de «distribuir los beneficios de manera justa». Las dos cosas importan, pero no son lo mismo.
Y hay un matiz que me escuece como profesional del sector web. Ametic representa a las grandes tecnológicas y a integradores con peso. CEOE habla por la patronal general. Los sindicatos miran el empleo. ¿Quién lleva la voz de las pequeñas agencias, los freelance que montan WordPress, las tiendas WooCommerce de barrio, los hostings que ya venden «IA incluida» en el panel sin explicar qué modelo usan ni dónde van los datos? Ese tejido es el que más rápido adopta herramientas porque compite en precio y velocidad, y el que menos recursos tiene para cumplir un marco regulatorio denso. Si el pacto se diseña mirando solo a Telefónica, Indra y el IBEX, te encontrarás con una normativa pensada para empresas con departamento legal y un vacío legal para quien factura menos de un millón al año. No es teoría: lo vimos con el RGPD, con cookies, con la factura electrónica. Siempre llega tarde para el pequeño y caro para el que no puede externalizar el cumplimiento.
Tampoco me convence el timing político. ABC lo resume sin rodeos: el Ejecutivo «se sube a la ola» de un debate global. Xi pide gobernanza internacional, la UE tiene su AI Act, Estados Unidos publica marcos sectoriales. Anunciar un pacto nacional ahora coloca a Moncloa en la foto de «país serio que no mira para otro lado». Perfecto para la agenda. Pero la semana en la que OpenAI mete un modelo «crítico» en ciberseguridad en manos de empresas, lo urgente no es solo repartir beneficios futuros: es decidir qué puede hacer una pyme con IA generativa sin convertir su CRM en un vector de fuga de datos. Eso no sale de una mesa tripartita en tres meses; sale de requisitos técnicos, de auditorías, de responsabilidad clara cuando el chatbot alucina delante de un cliente.
No digo que el pacto sea innecesario. Digo que, tal como se ha presentado, parece diseñado para generar consenso mediático antes que certidumbre operativa. Si de verdad quieren un contrato social, el primer entregable debería ser algo aburrido y concreto: por ejemplo, un código de buenas prácticas vinculante para administraciones públicas que usen IA con ciudadanos, o un plazo máximo para que las licitaciones tech exijan trazabilidad de datos en soluciones con modelos de lenguaje. Lo demás —fiscalidad, soberanía de centros de datos, reparto de rentas— puede venir después, pero sin ancla en lo cotidiano acabas con otro documento que el sector tecnológico aplaude en Santander y que tu cliente de la peluquería no leerá nunca.
En mi experiencia, cuando el Estado español encaja bien un cambio tecnológico es cuando baja al barro: ayudas claras, plazos, modelos de contrato, sancliones proporcionados. Cuando se queda en la estratosfera del «diálogo social», las empresas medianas hacen lo que siempre: copiar lo que hace el vecino, confiar en lo que dice el comercial del SaaS y rezar para que no pase nada. La IA no perdona ese enfoque tan bien como otros avances. Un pacto que no hable desde el primer día de responsabilidad de proveedores, de datos en inferencia y de límites en decisiones automatizadas sobre personas es un pacto incompleto, aunque salga en portada.
Así que sí, que se sienten. Que negocien. Pero si eres quien monta webs, tiendas online o infraestructura para clientes que preguntan cada semana «¿metemos IA o no?», no esperes que este acuerdo te aclare la vida a corto plazo. Vigílalo por si fija obligaciones que te afecten en contratos y avisos legales; no lo tomes como hoja de ruta técnica. Eso sigue en tus manos y en las de tus proveedores.
Si el pacto nacional exigiera que toda pyme que use IA generativa con datos de clientes tuviera que publicar en su web qué modelo usa, dónde se procesan esos datos y quién responde cuando el sistema se equivoca —con multas solo a partir de cincuenta empleados—, ¿lo cumplirías de inmediato o esperarías a ver si la norma se queda en el papel como otras veces?
Fuentes
- Sánchez convocará a patronal y sindicatos para un pacto nacional sobre inteligencia artificial (El País)
- El Gobierno impulsará un nuevo contrato social en torno a la IA (Computerworld)
- El pacto nacional de la IA, nuevo campo de batalla entre Moncloa y Comunidad de Madrid (The Objective)
- Cuerpo plantea un «gran pacto nacional» para afrontar el impacto de la IA (La Ecuación Digital)