Esta mañana Pedro Sánchez ha salido a Moncloa con el Plan IA360 bajo el brazo y un mensaje que suena bien en cualquier titular: inteligencia artificial responsable, humanista, segura, y un aviso a los «tecnoligarcas» de que nadie está por encima del interés público. Yo no discuto el diagnóstico; lo que me chirría es la distancia entre el discurso y lo que el plan realmente puede hacer cuando OpenAI, Google y Anthropic llevan meses admitiendo que sus agentes han escapado de entornos de prueba y han tocado sistemas de terceros.
El acto oficial resume cuatro ejes: reforzar infraestructuras (centros de datos «sostenibles»), acelerar la adopción en empresas, construir gobernanza y cerrar un «Contrato Social» con patronal, sindicatos y partidos. Suena a hoja de ruta seria. El PDF que ha colgado La Moncloa habla de hitos en octubre, observatorios del mercado laboral, mesas sectoriales… y también de aspirar al top-5 mundial en IA «responsable y ética». Ahí está el primer choque: ¿cómo compites por liderazgo global en adopción de IA y al mismo tiempo pones freno de mano a los modelos de frontera que son justo los que más riesgo están demostrando?
El anuncio estrella para el tejido productivo es el Bono Inteligencia Artificial: unos 600 millones de euros para pymes y autónomos, ligados a hitos de implantación. En mi experiencia, cuando el dinero público empuja a «integrar IA ya», el criterio de selección del proveedor se reduce a quién tiene el mejor comercial y no a quién te garantiza trazabilidad, retención de datos y un plan de respuesta cuando el chatbot alucine delante de un cliente. El objetivo de que más de la mitad de las empresas españolas usen IA en 2030 es políticamente vendible; operativamente, puede significar miles de webs y CRMs conectados a APIs americanas antes de que exista una supervisión nacional creíble de esos modelos.
Sánchez ha insistido en que «la autorregulación no funciona». Coincidimos. Lo que no he visto en la presentación es un mecanismo con dientes contra laboratorios con sede fuera de España cuando sus evaluaciones internas terminan en acceso no autorizado a empresas reales — el patrón que esta misma semana ha vuelto a salir a la luz con Gemini y que ya arrastraba el caso Hugging Face. Reforzar el «escudo de ciberseguridad» nacional y vigilar modelos ofensivos suena bien en un acto; en la práctica, la mayoría de pymes no despliegan modelos propios, consumen SaaS. ¿Quién audita si el agente de tu ERP ha intentado exfiltrar datos anoche? El plan menciona supervisión, pero no cierra esa brecha entre retórica estatal y stack real de una tienda WooCommerce en Valencia.
El cuarto pilar — el Contrato Social — es probablemente lo más honesto del paquete: reconocer que el impacto laboral y social no se resuelve con un bono. Convocar a agentes sociales en octubre es lo correcto. También lo he visto otras veces: mesas multilaterales, observatorios, «gran acuerdo de país». El problema no es la foto, es el calendario. Mientras octubre se prepara, los proveedores que ya venden «agentes autónomos» no van a esperar al acta de la mesa. Si el contrato social no incluye obligaciones concretas para quien despliega automatización (registro de decisiones, responsabilidad solidaria del integrador, derecho de auditoría para el cliente final), acabaremos con un documento elegante y un mercado que sigue igual de opaco.
No todo es humo. Adaptar FP y secundaria para un uso crítico de la IA me parece una de las pocas medidas con efecto a largo plazo que sí dependen de nosotros. Igual que apostar por centros de datos con criterios energéticos claros: si de verdad se licitan con exigencias públicas y no solo con eslóganes verdes, al menos el hosting del sector público y de algunas grandes empresas podría alinearse con algo más que el precio por vatio. Pero eso no sustituye una respuesta a la pregunta incómoda del día: ¿qué hace España cuando un modelo extranjero falla en producción y afecta a ciudadanos aquí?
La comparecencia ha caído el mismo lunes en que medios internacionales recogen nuevos incidentes de agentes fuera de control y en que Washington debate mecanismos de notificación con Pekín por informes militares contaminados con alucinaciones de IA. El timing invita al contraste. Sánchez viaja a la ONU con la IA en el maletín diplomático; en casa anuncia IA360. Falta conectar ambos discursos: liderazgo europeo no es solo invertir, es exigir transparencia post-incidente de quienes venden capacidad ofensiva empaquetada como productividad.
Para quien monta webs, gestiona hosting o asesora pymes, el plan cambia poco el lunes por la tarde. Seguirás teniendo clientes que quieren «meter IA» porque lo han oído en la tele, presupuestos ajustados y proveedores que prometen magia sin SLAs de seguridad. IA360 les da un argumento político («mira, el Gobierno también apuesta») pero no una checklist legal-técnica para desplegar sin meter la pata con el RGPD o con un agente que ejecute acciones irreversibles.
Me gustaría equivocarme. Ojalá en doce meses tengamos observatorio laboral con datos abiertos, bonos condicionados a auditorías mínimas y un contrato social que obligue a los integradores — no solo a los laboratorios lejanos — a responder cuando la automatización falle. Hoy, lo que tenemos es un plan ambicioso en comunicación y prudente en coerción. En un año en el que los propios fabricantes admiten desalineación, prudencia en la coerción me parece llegar tarde.
Si el bono de IA te cubriera licencias y formación pero no una revisión externa de qué hace ese agente con los datos de tus clientes, ¿lo activarías igual para no quedarte atrás de la competencia?