La Generalitat Valenciana ha anunciado que va a usar inteligencia artificial para convertir textos administrativos densos en lenguaje claro. Parte del Plan Simplifica 2024-2026. Suena sensato, suena moderno y encaja con todo lo que llevamos meses escuchando sobre IA al servicio del ciudadano. Pero cuando leo el comunicado y lo comparo con lo que está pasando en otros sitios —desde el Ministerio de Justicia hasta consultas públicas en Canadá— me queda una sensación incómoda: estamos celebrando la herramienta antes de haber demostrado que la revisión humana aguanta el volumen.
Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa, explica que el sistema genera propuestas de redacción que el personal gestor puede comparar, modificar o aprobar antes de publicar. Eso es exactamente lo que debería decir cualquier responsable público. El problema es que en la práctica, cuando tienes cientos de trámites pendientes de actualizar y presión por cumplir un plan trienal, la «revisión humana» se convierte en un clic de aprobación. Lo he visto en proyectos de contenido con clientes: el borrador que llega «casi perfecto» es el que menos se cuestiona.
Y aquí entra el matiz que casi nadie pone en el titular. Un modelo de lenguaje no simplifica: reescribe lo que le parece plausible. Prioriza que suene bien por encima de que sea jurídicamente exacto. En el ámbito administrativo eso no es un bug menor; es un riesgo de responsabilidad. El artículo de elDiario lo dice con claridad: la IA no debe sustituir el documento oficial, sino ayudar a explicarlo. Si confundes la capa explicativa con la fuente válida, el ciudadano puede actuar con información incompleta o desactualizada.
No estoy inventando el escenario. En foros y medios en inglés llevan meses documentando casos donde chatbots gubernamentales dan consejos incorrectos con tono autoritativo. Un abogado probó en junio de 2026 un chatbot municipal neoyorquino: le pasó el texto exacto de la ley y el sistema igualmente recomendó a los propietarios incumplirla. La fluidez del lenguaje genera confianza, y la confianza mal colocada en un trámite administrativo se traduce en plazos perdidos, solicitudes rechazadas o peor: en renunciar a un derecho porque «así lo pone la web».
Lo que ya hace el Estado (y qué nos falta saber de Valencia)
La Generalitat no es pionera en el concepto. El Ministerio de Justicia documenta en su informe FAT de junio de 2026 un servicio de «lectura clara» que reescribe documentos judiciales siguiendo directrices de lenguaje accesible, usando un LLM con reglas definidas. También hay proyectos en Cataluña —recogidos en el Anuario del Cervantes— que resumen normas en lenguaje claro con supervisión institucional. La diferencia está en la trazabilidad: ¿cada afirmación del texto simplificado enlaza con el artículo original? ¿Queda registrado qué versión aprobó qué funcionario? ¿Se indica al ciudadano que está leyendo una adaptación y no el BOE?
De la herramienta valenciana conocemos el objetivo —hacer comprensibles descripciones de trámites, requisitos y procedimientos— pero no los detalles técnicos que a mí me importan como profesional: qué modelo usan, con qué datos lo entrenaron, cómo miden errores de omisión, qué pasa cuando la norma cambia y el resumen en lenguaje claro no. Sin eso, estamos ante una promesa de modernización, no ante un sistema auditabile.
Y auditabilidad importa. Investigaciones recientes sobre consultas públicas procesadas con IA muestran que los resúmenes automatizados tienden a subrepresentar voces críticas y disidentes. No es el caso directo de un trámite de la Generalitat, pero comparten el mismo patrón: el algoritmo decide qué es «lo esencial» y qué se puede recortar. En lenguaje claro, recortar un matiz jurídico puede cambiar por completo el sentido de una obligación.
El lenguaje claro no es un filtro de Instagram
Me gusta el lenguaje claro. De verdad. He reescrito páginas de condiciones legales para clientes y sé lo difícil que es. Pero simplificar no es acortar frases: es mantener el rigor mientras reduces la carga cognitiva. Eso requiere criterio humano con formación, no solo un gestor con la agenda llena revisando propuestas de un chatbot.
La iniciativa valenciana, según La voz de Alzira, busca que ciudadanos y empresas entiendan derechos, obligaciones y documentación necesaria. Objetivo impecable. Lo que no cuadra es el timing: estamos en plena fase de despliegue del AI Act europeo, que clasifica como alto riesgo gran parte de los sistemas de IA que interactúan con servicios públicos. ¿La herramienta de la Generalitat está evaluada bajo ese marco? ¿Se informa al usuario de que el texto ha sido generado o asistido por IA? Porque si tu competencia —otras administraciones— empieza a marcar esas diferencias, quedarte en «tenemos IA para simplificar» sin transparencia operativa te deja en una posición incómoda.
Tampoco ayuda que el relato público mezcle simplificación administrativa con atención digital al ciudadano como si fueran lo mismo. Puedes tener la sede electrónica más ágil del mundo y seguir publicando instrucciones incomprensibles. La IA no arregla un procedimiento mal diseñado; solo lo envuelve en palabras más amables.
Qué debería exigir el mercado (y tú, si trabajas con administraciones)
Si desarrollas webs, intranets o portales de trámites para el sector público, esto te llega antes o después. Mi checklist, después de leer lo que se mueve en 2026:
- Separar capas: documento oficial, resumen en lenguaje claro y ayuda contextual deben estar claramente diferenciados en la interfaz.
- Trazabilidad: fecha de generación, versión de la norma de referencia y responsable de la aprobación humana.
- Métricas de error: no basta con medir «tiempo ahorrado»; hay que medir omisiones, plazos mal explicados y consultas repetidas al SAC.
- Fallback humano: si el sistema no puede vincular una afirmación a la fuente, que no la publique.
La Generalitat dice que no quiere reemplazar el juicio humano. Bien. Demuéstralo con procesos, no con declaraciones. Porque en mi experiencia, la primera recorte presupuestario en un proyecto de digitalización suele caer precisamente en la revisión manual que supuestamente garantiza la calidad.
El lenguaje claro administrativo es una oportunidad real para la IA. También es el escenario perfecto para un escándalo de confianza si se implementa como un atajo. Las administraciones que lo hagan bien —con rigor, transparencia y gente formada— van a marcar diferencia. Las que lo usen como escaparate tecnológico acabarán corrigiendo errores a mano, pero ahora con el doble de trabajo y con el logo de la IA en el pie de página.
Si mañana tu ayuntamiento te pidiera integrar en la web un resumen en lenguaje claro generado por IA de una ordenanza fiscal, ¿qué cláusula pondrías en el contrato para garantizar que ningún ciudadano actúe sobre un texto que nadie ha validado jurídicamente?
Fuentes
- La Generalitat introduce inteligencia artificial para mejorar la comprensibilidad de los trámites administrativos
- Lenguaje claro administrativo: cómo la inteligencia artificial puede explicar trámites sin perder rigor jurídico
- Iniciativas por una comunicación institucional más clara en España (Anuario Cervantes 2025)
- FAT – Servicios de IA aplicados a los documentos (Ministerio de Justicia, junio 2026)