La Generalitat usa IA para simplificar trámites: suena bien hasta que miras quién valida el texto

El 4 de julio la Generalitat Valenciana anunció que ha incorporado inteligencia artificial para ayudar a sus gestores a redactar en lenguaje claro los textos de los trámites que publican en la sede electrónica. En el comunicado suena todo impecable: la IA propone, el funcionario compara, modifica si quiere y siempre hay revisión humana antes de publicar. Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa, lo resume con una frase que ya he visto en demasiados powerpoints: la tecnología no sustituye al criterio del empleado público, sino que le da mejores herramientas.

Te lo compro a medias. El problema no es que la administración quiera simplificar. El problema es que estamos metiendo un generador de texto probabilístico en un sitio donde una coma mal puesta puede costarte una multa, un recurso mal entendido o tres meses persiguiendo un certificado que no necesitabas. Y nadie te explica con qué modelo trabajan, con qué corpus lo han entrenado ni qué pasa cuando el gestor, agobiado un viernes a las 18:00, acepta la propuesta porque suena más clara que el original.

Porque más clara no siempre significa más correcta. En inglés llevan meses debatiendo algo que aquí todavía no ha entrado en el vocabulario oficial: la semantic ablation, la ablación semántica. Peter Benson y otros investigadores la describen así: cada vez que pasas un texto por una IA para pulirlo, simplificarlo o hacerlo más legible, el modelo tiende a eliminar lo específico —fechas concretas, matices legales, excepciones, condiciones— y sustituirlo por formulaciones genéricas de alta probabilidad. El resultado lee mejor. Pero pesa menos. Y en un trámite administrativo, lo que sobra suele ser justo lo que te ahorra una ida al registro.

La Generalitat insiste en que habrá supervisión humana. Vale. Pregunta honesta: cuantos gestores de administración pública has visto con formación real en lenguaje claro? No en «hacer párrafos cortos», sino en detectar cuándo una simplificación elimina una obligación legal sin querer. Yo he revisado textos de sedes electrónicas donde alguien había «mejorado» una frase y había borrado de paso un requisito documental. La IA no inventa el error: lo facilita. Te da una versión fluida, directa, amable. Y tú, que no eres lingüista ni abogado, la firmas porque cumple el estándar de legibilidad que te piden los indicadores del plan.

Y no es solo Valencia. A finales de junio el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmó un convenio con la UNED para desarrollar un sistema híbrido de PLN e IA generativa que evalúe 21 criterios de lenguaje claro en textos jurídico-administrativos. La idea es integrarlo en servicios como Carpeta Justicia y abrir una API pública para que terceros —despachos, legaltech, plataformas privadas— lo usen. Suena ambicioso. También suena a que estamos estandarizando la simplificación antes de haber acordado qué significa simplificar sin deformar el derecho.

En octubre, la Corte bonaerense organizará la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, con un eje específico sobre inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje. O sea: el debate internacional existe. Lo que no veo en los comunicados españoles es el otro lado de la mesa. ¿Quién audita las propuestas de la IA? ¿Se guardan las versiones originales y las generadas para trazabilidad? ¿Qué ocurre si un ciudadano reclama porque el texto simplificado omitió una condición que figuraba en el borrador técnico? En la nota de Europa Press se repite que el personal puede aceptar, modificar o descartar. Perfecto. Pero en la práctica, cuando la herramienta está integrada en el flujo de publicación y el objetivo es reducir tiempos, descartar se convierte en la opción que nadie quiere justificar ante su jefe.

Ademas, hay una contradicción incómoda. Por un lado, las administraciones venden lenguaje claro como cercanía y transparencia. Por otro, externalizan la redacción a un sistema que no entiende el procedimiento, no conoce el historial del trámite y no responde ante un juez si el texto induce a error. El funcionario responde. La IA, no. Y aquí viene lo que me preocupa de verdad: si la herramienta se normaliza, el criterio humano deja de ser la primera capa de filtro y pasa a ser el parche final. Revisas lo que la máquina te propone, no lo que tú habrías escrito. Eso cambia la responsabilidad aunque nadie lo ponga en el titular.

No digo que la iniciativa sea mala. Simplificar la administración es necesario y el lenguaje oscuro lleva décadas expulsando a la gente de sus propios trámites. Pero me sobra el relato de innovación y me falta el de riesgo. ¿Qué pasa con los textos que mezclan valenciano y castellano? ¿Cómo se comporta el modelo con tecnicismos que no tienen equivalente coloquial? ¿Se mide la tasa de aceptación de propuestas sin modificar? Porque si el 80% sale publicado tal cual, la supervisión humana es decorativa y lo sabemos los dos.

En el sector web esto nos toca más de lo que parece. Si montas una web para un cliente que publica condiciones legales, políticas de privacidad o instrucciones de uso, ya te habrán pedido «algo más claro» usando ChatGPT o similar. El resultado suele leer de maravilla. Hasta que un usuario interpreta mal una obligación que el texto original dejaba explícita. La ablación semántica no es un problema de funcionarios: es un problema de confundir legibilidad con exactitud. Y cuando la administración pública adopta la herramienta a escala, el error deja de ser de un copy mal revisado y pasa a ser sistémico.

Lo que me gustaría ver antes de aplaudir es un protocolo público: versiones comparadas, registro de cambios, formación obligatoria para quien valida y métricas que no sean solo «hemos simplificado X trámites». Sin eso, la IA de lenguaje claro es otro atajo con buena prensa. Y en administración, los atajos acaban facturándose en llamadas al 012, reclamaciones y gente que abandona el trámite a medias porque el texto, ahora más amable, ya no le dice exactamente qué necesita.

Si mañana tu proveedor de hosting te ofreciera un plugin que reescribe automáticamente tus condiciones legales para que «lean mejor» y te asegurara que tú revisas al final, ¿lo activarías en producción sin ver el diff línea por línea?

Fuentes

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